A partir del 1 de octubre de 2023 la media jornada pasa a cotizar como jornada completa a efecto del cálculo de las pensiones. Esto favorece en especial a las mujeres, que son mayoría (casi el 75%) en el empleo a tiempo parcial en España.
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Se da la paradoja de que, por un lado, existe la discriminación laboral por cuestiones de edad (y hay sentencias que así lo demuestran), a la vez que las empresas pierden conocimiento específico con la jubilación de los mayores.
Con la ley para la igualdad de trato y la no discriminación aprobada en España en 2022 son nulos los despidos en los que se acredite un móvil discriminatorio por razón de enfermedad o condición de salud.
Si en España la maternidad, entendida como el descanso tras el parto, ha tenido normativas específicas desde hace más de un siglo, no había sido así con el embarazo y sus vicisitudes hasta ahora.
El pacto de rentas acordado por la patronal y los sindicatos españoles busca aumentar la estabilidad económica y evitar una nueva vuelta de tuerca en las subidas de precios.
Aunque a lo largo del tiempo la jornada laboral ha ido reduciendo su duración, y parece que esa tendencia se mantendrá en el futuro, faltan datos para saber si el mercado laboral está listo para la jornada de cuatro días.
El 1 de mayo debe ser una jornada para tomar conciencia de las injusticias que se siguen cometiendo en el ámbito laboral.
El Gobierno ha encargado a un grupo multidisciplinar de expertos un análisis de las formas de precariedad en el mercado laboral español y su incidencia en la salud mental de los trabajadores.
España estudia hacer que, en determinados supuestos, las bajas laborales sean compatibles con la reincorporación al trabajo, como ya hacen otros países de la Unión Europea.
2022 ha sido un año marcado por la crisis del coste de la vida. La inflación y el encarecimiento del dinero pone en riesgo, en lo macro, a las economías nacionales y, a nivel micro, el ahorro de las familias.
La posible vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores que son investigados por la entidad, como el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, pone en tela de juicio la eficacia de estos programas.
En España, las empleadas domésticas acaban de conseguir, tras años de lucha, el derecho al paro y que se endurezcan las condiciones para su despido. Queda pendiente regular las condiciones del trabajo doméstico interno.
El 18 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Pese a los esfuerzos por reducir la brecha salarial, en 2019 todavía había en España una diferencia de 5.252 euros al año entre los salarios medios de las mujeres y los hombres.
Los cambios en la normativa de los autónomos españoles mejoran su derecho a prestaciones sociales pero acarrean un sobreesfuerzo económico al subir las bases de cotización. Quedan pendientes, entre otras cuestiones, la cotización a tiempo parcial y la bonificación de las cuotas a quienes tengan pérdidas.
El Gobierno español ha aprobado el decreto que equipara los derechos labores de los trabajadores de hogar con los del resto. Por fin podrán cobrar el paro y ver mejorada la indemnización por despido improcedente.
España tenía pendiente desde 2011 ratificar el convenio promovido por la OIT para la mejora de las condiciones laborales del empleo doméstico. Tras una sentencia en contra del tribunal de usticia europeo, llegó la hora de ratificarlo.
La explotación de la etnia uigur ha originado un nuevo capítulo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China con efectos inciertos sobre las cadenas globales de producción.
En España ya es obligatorio que las empresas de más de 50 trabajadores tengan planes de igualdad por razón de sexo. La realidad está demostrando las dificultades para implantarlos.
La subida del precio de los carburantes ha hecho prender la mecha del descontento entre transportistas españoles que han parado el sector y exigen al Gobierno medidas que mejoren sus condiciones de trabajo, más allá de las ayudas al pago de los combustibles.
Los ingresos de los trabajadores del sur de Europa afectados por despidos colectivos son, 5 años después del despido, un 30% más bajos; en los países del norte la merma no llega al 10%. Las diferencias se deben, en gran parte, a las probabilidades de encontrar un nuevo empleo.
Top contributors
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Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III
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Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Deusto
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Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de León
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Profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Ciencias Sociales de Manresa, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
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Profesor e Investigador de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universitat Jaume I
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Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo
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Profesora Titular Laboral de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universitat de les Illes Balears
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Catedrático de Economía Aplicada, Universitat de Barcelona
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Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora ayudante doctora, Universidad de Castilla-La Mancha
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Director del Master in Talent Management de Advantere School of Management / Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad Pontificia Comillas
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Personal Investigador en Formación, Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, Universidad Autónoma de Madrid
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Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo
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Doctor en Ciencias Económicas. Profesor de Ciencias del Transporte y Logística, Universidad Camilo José Cela