La flexibilidad laboral puede facilitar la conciliación pero, al mismo tiempo, traslada a la persona trabajadora la responsabilidad de gestionar los costes que esa flexibilidad implica.
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La compañía ha conseguido cambiar algunas de sus prácticas, pero sigue teniendo problemas con los reguladores y los gobiernos.
Urgen modificaciones normativas que ahora tomen como objeto el régimen jurídico del taxi. Una competencia que tienen de manera exclusiva las comunidades autónomas.
Arreglar el conflicto pasa por garantizar la libre prestación a todos los interesados en competir en este mercado con exigencias ambientales, de accesibilidad y de control de precios máximos que todos deberían cumplir en las mismas condiciones.
Top contributors
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Profesor de Derecho Administrativo, Universitat de València
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Lecturer in Politics, King's College London
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Profesor de Derecho Administrativo, Universitat de Barcelona
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Profesora del grado de Terapia ocupacional, Universidad de Zaragoza
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Doctora en Ciencias de la Salud y Profesora Titular en la Universidad de Zaragoza, Universidad de Zaragoza
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Profesor Titular, Universidad de Zaragoza