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Los reales decretos ley aprobados hoy en Consejo de Ministros para proteger a la familias de los desahucios y facilitarles el acceso a una vivienda asequible y digna, serán llevados al Congreso este viernes para intentar su convalidación.
El autor pone de relieve las similitudes y diferencias entre las dos acampadas en la madrileña Puerta del Sol, a las que separan 15 años y significativos cambios en la realidad social española.
La crisis de vivienda exige proteger a inquilinos vulnerables, como Maricarmen, pero también dar garantías a pequeños propietarios, aumentar la vivienda pública y una mayor responsabilidad estatal.
Aunque se apruebe en Consejo de Ministros el llamado Decreto Maricarmen, su continuidad no estaría garantizada pues el Congreso tendría que convalidarlo en un plazo de 30 días.
Ante los desahucios, las administraciones públicas deben evitar que la persona que se encuentre ante esta situación quede desamparada, ofreciéndole una alternativa habitacional.
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, fue legal pero evitable: la propiedad rechazó todas las ofertas de pago. Tres reformas legales evitarían casos similares.
El autor ha encontrado una relación negativa entre matrimonio y precios de la vivienda en España (1998-2015): cuando subieron hubo menos matrimonios y cuando los precios cayeron se celebraron más enlaces.
A finales de 2020 se aprobó en España un decreto antidesahucios para proteger a los inquilinos más vulnerables. Pero su aplicación es temporal y finalizará con el decaimiento del estado de alarma.
Obligados a pasar más tiempo que nunca encerrados en casa, ahora es más pertinente que nunca entender lo que significa tener una vivienda digna y lo difícil que es acceder a ella.
El próximo 15 de junio entrará en vigor la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. El texto mejora las condiciones para los prestatarios pero sigue dejando demasiadas cosas pendientes sin articular.









