Los reales decretos ley aprobados hoy en Consejo de Ministros para proteger a la familias de los desahucios y facilitarles el acceso a una vivienda asequible y digna, serán llevados al Congreso este viernes para intentar su convalidación.
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La vivienda asequible no se consigue regulando los contratos de alquiler: se consigue construyendo más, produciendo más y generando mejores oportunidades laborales.
Aunque se apruebe en Consejo de Ministros el llamado Decreto Maricarmen, su continuidad no estaría garantizada pues el Congreso tendría que convalidarlo en un plazo de 30 días.
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, fue legal pero evitable: la propiedad rechazó todas las ofertas de pago. Tres reformas legales evitarían casos similares.
Si la construcción no crece, a medida que lo hace la cantidad de personas que requieren una vivienda, mayor será la competencia por cada inmueble disponible. Y esto se traducirá en mayore precios de compra y alquiler.
Mallorca no protesta contra quienes llegan, sino contra un modelo que obliga a marcharse a quienes viven allí. Frente a esa contradicción, este artículo propone una nueva figura: el “turista situado”, consciente de que pagar no absuelve y de que algunos viajes, alojamientos y actividades pueden dejar de estar moralmente disponibles.
La brecha digital afecta al acceso a la vivienda de distintos modos. Limita el acceso a la información, interfiere al solicitar vivienda pública y ayudas económicas, e incide en el pago del alquiler y los servicios a través de oficinas electrónicas.
El autor propone la creación de fondos de inversión social inmobiliaria para que las familias puedan alquilar viviendas en condiciones socialmente justas y que la gente pueda invertir sus ahorros con rentabilidad, seguridad y buen trato fiscal.
En 2025 se redujo el mercado de viviendas de alquiler en España. Ahora el Gobierno ha anunciado un sistema público de vivienda y un programa de avales para el alquiler asequible. Pero siguen faltando medidas que garanticen el derecho a la vivienda de las familias y la seguridad jurídica de los arrendadores.
No está claro si aplicar un impuesto del 100% sobre la compra de inmuebles por extranjeros no residentes servirá para frenar la crisis de vivienda. Además, la medida podría ser inconstitucional e incompatible con el derecho europeo.
La gentrificación agita México, con marchas de protesta por el derecho a la vivienda y el fin de los megaproyectos. Pero el rechazo al extranjero tiene que ver también con traumas históricos y prejuicios nacionalistas.
Para proteger los derechos de los inquilinos, en el País Vasco francés los propietarios que transformen una vivienda de alquiler en alojamiento turístico deben aportar un inmueble similar para alquiler ordinario.
El acceso a la vivienda en España agrava la desigualdad para las mujeres extranjeras, especialmente cuando son madres.
El Gobierno español lanza una batería de propuestas para paliar la crisis de la vivienda. Por ejemplo, ayudas a la rehabilitación a cambio de alquiler asequible, o que las socimis promuevan vivienda asequible para mantener las exenciones fiscales.
España necesita tomar medidas que mejoren la situación del mercado de vivienda asequible en alquiler para mejorar la vida de sus ciudadanos.
Al hablar de vivienda hablamos de un derecho ciudadano pero también de un activo financiero que en los últimos años ha encontrado un filón de riqueza en el alquiler turístico.
En España, el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible es un desafío recurrente para las personas vulnerables. Y las políticas públicas no han sabido resolver este problema.
La tensión en el mercado del alquiler es resultado principalmente del precio de la vivienda y centrar la responsabilidad en los pequeños propietarios no ayuda a resolver el problema.
El auge de Airbnb da alta rentabilidad a propietarios, pero reduce alquileres residenciales y genera tensiones sociales. ¿Cómo equilibrar oportunidades y desafíos en el mercado inmobiliario actual?
La vulnerabilidad residencial de niños y adolescentes impacta en su educación, aumenta el riesgo de pobreza e influye en su salud, física, social y mental.
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Profesora en sociología y opinión pública, experta en migraciones y vida urbana, Universidad Complutense de Madrid
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Derecho civil, Derecho de la vivienda, Universitat Rovira i Virgili
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Profesor Asociado de Política Económica, Universidad de Málaga
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Doctor Arquitecto y Licenciado en Bellas Artes. Profesor Titular en el Departamento de Proyectos y Representación de la Arquitectura., Universidad Europea
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Investigador, Hacienda Pública: Federalismo fiscal, Universidad de Castilla-La Mancha
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PhD Candidate, Universitat Rovira i Virgili
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Profesor ICREA, Universitat Rovira i Virgili
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Docente e investigador del Departamento de Economía Aplicada I de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesor Titular de Economía, Universidad de Zaragoza
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Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València
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Organización y dirección de empresas, Universidad de Zaragoza
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Profesor Titular de Organización de Empresas. Instituto de investigación IEDIS., Universidad de Zaragoza
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Catedrático de Hacienda Pública, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora Titular de Universidad de Economía Financiera y Contabilidad. Instituto Tides., Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Profesor Titular de Universidad, Universitat de les Illes Balears