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Si la construcción no crece, a medida que lo hace la cantidad de personas que requieren una vivienda, mayor será la competencia por cada inmueble disponible. Y esto se traducirá en mayore precios de compra y alquiler.
La ley protege a los compradores por el incumplimiento de las condiciones de entrega de una vivienda comprada sobre plano. Tanto el promotor, como el avalista o el banco encargado de los cobros pueden tener que responder ante la justicia.
No está claro si aplicar un impuesto del 100% sobre la compra de inmuebles por extranjeros no residentes servirá para frenar la crisis de vivienda. Además, la medida podría ser inconstitucional e incompatible con el derecho europeo.
Ante las recurrentes olas de calor, las regiones españolas más frescas ven subir los precios de venta y alquiler de sus inmuebles. ¿Estamos ante una nueva forma de gentrificación climática? Un estudio así lo sugiere.
Bien sea alquilando o comprando, muchos residentes de toda la vida ya no pueden permitirse vivir en las ciudades europeas. ¿Cambiará esto pronto?
Los compradores extranjeros no residentes, que desde la pandemia han sido los pilares del mercado inmobiliario español, siguen presentes y están dispuestos a pagar más que el comprador nacional.
La decisión entre comprar o alquilar una vivienda es enormemente importante pero también incierta por la cantidad de factores implicados y lo impredecible de su evolución futura (precios, tipos de interés, oferta, demanda…).
El Gobierno español acaba de anunciar que avalará a los jóvenes que no tengan el importe suficiente para completar el 20% del importe de la vivienda que los bancos no conceden como préstamo hipotecario. ¿Es una buena medida? Solo en apariencia.
El autor ha encontrado una relación negativa entre matrimonio y precios de la vivienda en España (1998-2015): cuando subieron hubo menos matrimonios y cuando los precios cayeron se celebraron más enlaces.
Tras el parón de 2020 la venta de viviendas se ha ido recuperando, aupada por los bajos tipos de interés. Habrá que ver si la amenaza de la inflación hace variar esta tendencia.
Los usuarios del mercado de la vivienda de alquiler sufren dos tipos de riesgos económicos básicos: el laboral (perder el empleo) y el habitacional (que aumente el precio de alquiler).
A finales de 2020 se aprobó en España un decreto antidesahucios para proteger a los inquilinos más vulnerables. Pero su aplicación es temporal y finalizará con el decaimiento del estado de alarma.











