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Los impuestos pueden ayudar a repartir de forma más equilibrada las cargas derivadas de la presión inmobiliaria, incentivando determinados comportamientos y desincentivando otros.
La vivienda principal, que durante décadas funcionó como lugar de residencia, forma de ahorro y patrimonio con el que afrontar la vejez, está dejando de estar al alcance de muchas familias en España.
Vivir en Baleares compite con alojar turistas, mantener una segunda residencia, invertir, obtener rentas o esperar la revalorización de un inmueble.
Hay muchos desahucios al día (y al año) en España. ¿Por qué el caso actual es diferente?
Los reales decretos ley aprobados hoy en Consejo de Ministros para proteger a la familias de los desahucios y facilitarles el acceso a una vivienda asequible y digna, serán llevados al Congreso este viernes para intentar su convalidación.
El autor pone de relieve las similitudes y diferencias entre las dos acampadas en la madrileña Puerta del Sol, a las que separan 15 años y significativos cambios en la realidad social española.
La crisis de vivienda exige proteger a inquilinos vulnerables, como Maricarmen, pero también dar garantías a pequeños propietarios, aumentar la vivienda pública y una mayor responsabilidad estatal.
Aunque se apruebe en Consejo de Ministros el llamado Decreto Maricarmen, su continuidad no estaría garantizada pues el Congreso tendría que convalidarlo en un plazo de 30 días.
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, fue legal pero evitable: la propiedad rechazó todas las ofertas de pago. Tres reformas legales evitarían casos similares.








