Urge un acuerdo político, y dentro del marco constitucional, entre ambas administraciones que vele por la salud de todos los habitantes madrileños.
Articles on Constitución española
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En su acuerdo de diciembre de 2019, la coalición PSOE-Podemos se comprometió a derogar la reforma laboral del gobierno de Rajoy (2012). La pandemia ha alterado los tiempos pero la propuesta está en marcha.
Que la eutanasia forme parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y se financie, por tanto, con dinero público, incluidos los supuestos en los que se practique en el domicilio de la persona, es la premisa necesaria para articularla como auténtica garantía prestacional y no un mero derecho de libertad.
Se puede cuestionar la Monarquía, pero también cabe defender que, desde 1978 hasta hoy, esta institución no ha sido obstáculo para políticas democráticas o progresistas.
El rey emérito puede ser juzgado por actos privados cometidos antes, durante y después de ejercer como jefe del Estado. Haría falta un desarrollo legislativo para redefinir su inviolabilidad.
El objetivo de los impuestos especiales no es recaudatorio. Si la carga económica ha disuadido al ciudadano del consumo, la recaudación será muy baja y la aplicación del tributo habrá sido un éxito.
Un uso apropiado del lenguaje puede ayudar a no alimentar la incertidumbre social provocada por la pandemia y evitar la desinformación y las noticias falsas.
Las administraciones públicas no tienen por qué colocar pancartas o banderas en sus edificios el 28 de junio, Día del Orgullo Gay, pero si lo hacen estarán actuando de plena conformidad con el ordenamiento nacional e internacional vigente.
Se acaba de aprobar en Consejo de Ministros el IMV, un ingreso basado en el principio de la necesidad, que se percibe según el nivel de renta. ¿Es este subsidio una competencia estatal o autonómica?
La seguridad jurídica es un principio básico en un Estado de derecho que hay que proteger especialmente en situaciones tan excepcionales como la que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus.
¿Permiten nuestras normas procesales la utilización de medios telemáticos para la defensa de los detenidos en este tiempo de crisis? ¿Se garantiza suficientemente el derecho a la asistencia letrada en el proceso penal si utilizamos estos medios?
El estado de alarma se prorrogó el pasado miércoles en España por cuarta vez tras una aprobación con menor apoyo por parte del Congreso de los Diputados que en ocasiones anteriores. ¿Ha cambiado algo en esta cuarta prórroga? ¿Habrá una quinta? ¿Vulneran los derechos fundamentales esta continua renovación?
El ingreso mínimo vital se hace imprescindible en esta crisis para ayudar a muchas familias a sobrellevar su situación de vulnerabilidad.
La Constitución española, como la mayoría de las constituciones del mundo, distingue, en función de la causa que genera la crisis, tres situaciones excepcionales de emergencia: alarma, excepción y sitio. Cada estado obedece a unas circunstancias.
Las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno para proteger el empleo y las condiciones de los trabajadores no llegan a las empleadas de hogar y de cuidados, el colectivo laboral más vulnerable.
La tendencia de los gobiernos a limitar la libertad de expresión comporta graves consecuencias. El auge del “derecho a sentirse ofendido” llama a nuestras puertas.
La Constitución de 1978 contempla fórmulas de democracia directa, como los referéndum. A raíz del ‘procés’, el Tribunal Constitucional distingue entre consulta popular referendaria y consulta popular no referendaria. ¿En qué se diferencian?
La opción de la supresión de las autonomías no parece ni viable ni sensata, según plantea la autora, que no obstante defiende una mayor racionalización del actual sistema, evitando duplicidades en la gestión y aumentando la coordinación entre administraciones.
La Constitución Española de 1978 es una norma fundamental fruto de un amplio consenso que ha permitido varias décadas de convivencia en paz. Pero la sociedad ha evolucionado y la Carta Magna ha de evolucionar con ella sometiéndose a reforma.
Aunque a la ultraderecha le parezca una rendición por parte del Tribunal Supremo, el dictamen contiene ingredientes polémicos.
Top contributors
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profesor de derecho constitucional del Departamento de Derecho Público, Universitat de les Illes Balears
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Catedrático de Derecho penal, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora de Ciencia Política, Universidad Miguel Hernández
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba
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Catedrático de Derecho Constitucional., Universidad de Oviedo
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén
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Profesor titular de Derecho financiero y tributario, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
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Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Loyola Andalucía
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Catedrático de Hacienda Pública, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora Sustituta Interina del Departamento de Derecho Público y Común Europeo, Universidad de Jaén
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Profesora Titular de Derecho Procesal, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Research associate professor en Instituto de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá
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Profesora Titular de Universidad (Derecho Constitucional), Universidad de Castilla-La Mancha
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PDI. Profesor Ayudante doctor Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Valladolid