En cuestión de horas, Estados Unidos ha pasado, de tener aranceles del 16 (los más elevados desde 1936) al 9%, tras la decisión del Tribunal Supremo, para nuevamente subirlos (hasta el 15%) durante 150 días basándose en una normativa distinta a la de abril de 2025.
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El despido disciplinario debe notificarse por escrito y puede ser impugnado si el trabajador cree que es ilegal. Una sentencia del Supremo suma el derecho a presentar argumentos antes de que se produzca.
La reelección de Trump y la mayoría republicana en el Senado facilitan la nominación de jueces conservadores al Tribunal Supremo, consolidando una mayoría que podría influir en derechos fundamentales durante décadas.
En estos días el debate sobre la amnistía está más candente que nunca, a la espera de saber si Junts y el PSOE llegarán a un acuerdo de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Mientras tanto, formulamos tres preguntas cruciales.
En España, las empleadas domésticas acaban de conseguir, tras años de lucha, el derecho al paro y que se endurezcan las condiciones para su despido. Queda pendiente regular las condiciones del trabajo doméstico interno.
Para superar la crisis institucional que vive el Perú su presidente sugiere cambiar la legislación. Pero las crisis no se arreglan solo cambiando las leyes. Se necesita visión de Estado por parte del Gobierno y de la oposición.
El acuerdo firmado entre los sindicatos y una plataforma digital en España contempla informar a los trabajadores cómo se organiza la gestión del trabajo mediante el uso de algoritmos. Esta es una ‘reivindicación bandera’ de los riders de todo el mundo.
Con el fin del estado de alarma, las comunidades autónomas carecen de cobertura constitucional y legal para limitar los derechos fundamentales y, así, este tipo de medidas han quedado sujetas a la autorización de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
El Gobierno español está legitimado para conceder a los presos del procés un indulto parcial, añadiendo, si lo considera conveniente, una cláusula condicional para que los reos no vuelvan a reincidir en un período de tiempo determinado.
La reforma propuesta por el gobierno español para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial ha llevado a tres asociaciones judiciales a pedir amparo a la Comisión Europea.
No deja de ser irónico que el CGPJ se configurara en la Constitución como una institución para defender la independencia judicial y siempre aparezca en el foco del debate político.
El rey emérito puede ser juzgado por actos privados cometidos antes, durante y después de ejercer como jefe del Estado. Haría falta un desarrollo legislativo para redefinir su inviolabilidad.
Las administraciones públicas no tienen por qué colocar pancartas o banderas en sus edificios el 28 de junio, Día del Orgullo Gay, pero si lo hacen estarán actuando de plena conformidad con el ordenamiento nacional e internacional vigente.
La Constitución Española de 1978 es una norma fundamental fruto de un amplio consenso que ha permitido varias décadas de convivencia en paz. Pero la sociedad ha evolucionado y la Carta Magna ha de evolucionar con ella sometiéndose a reforma.
Ni todos los 155 y 116 juntos, ni la Ley de Seguridad Nacional resolverán la cuestión catalana ni devolverán a Cataluña de forma definitiva la paz y la convivencia social.
Una vez descartado el delito de rebelión, se condena a los acusados por un delito de sedición en concurso medial con uno de malversación. Una interpretación llena de matices.
Aunque a la ultraderecha le parezca una rendición por parte del Tribunal Supremo, el dictamen contiene ingredientes polémicos.
En un Estado de Derecho todos estamos sometidos a la Ley y no se puede aceptar el privilegio de la inmunidad de la clase política. Las leyes son iguales para todos.
Según el autor, la sentencia
establece un límite, fija un precedente y protege el sistema constitucional español. pero no afecta a los derechos fundamentales como libertad de opinión, manifestación, expresión o manifestación.
¿Cabe una secesión de Cataluña “mediante” la Constitución? Sí, pero sólo cuando se cumplen las previsiones constitucionales. ¿La conducta de los parlamentarios independentistas catalanes es constitutiva del delito de rebelión? El Supremo tiene la última palabra.
Top contributors
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Catedrático de Derecho penal, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora de Ciencia Política, Universidad Miguel Hernández
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Catedrático de Derecho Constitucional., Universidad de Oviedo
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Profesor titular Ciencia Política, Universidad de Granada
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Profesora de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Universitat de Barcelona
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Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-La Mancha
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profesor de derecho constitucional del Departamento de Derecho Público, Universitat de les Illes Balears
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catedrático de Derecho Procesal, Universitat de Barcelona
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Profesor del Grado en Relaciones Internacionales, Universidad Francisco de Vitoria
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Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Profesora de Derecho Penal, Universitat de València
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Profesora Propia Ordinaria de Derecho Constitucional, Universidad Pontificia Comillas
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Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III
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Profesora de Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid
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Profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Ciencias Sociales de Manresa, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya