Cuando la política pierde altura y se sigue la táctica de la polarización y el enfrentamiento, se debilitan las instituciones.
Articles on Constitución española
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La crisis de la covid-19 ha aumentado el gasto público. Antes que subir impuestos, mejor optimizar los recursos, evitando el fraude de algunos contribuyentes y el despilfarro en las Administraciones.
Comparar la carga impositiva entre comunidades permite ver las diferencias que forman parte del sistema autonómico, creado y avalado por la Constitución, y que son fruto de las decisiones de los propios gobiernos autonómicos.
El documento, adoptado el pasado 14 de julio de 2021 por el Gobierno de España, puede servir de referencia para una futura norma que mejore la protección de los derechos digitales de los ciudadanos.
La situación generada por la pandemia no ha hecho sino demostrar lo importantes que son determinados preceptos de la Constitución de 1978, que están posibilitando acciones legislativas y gubernamentales de apuesta por servicios y prestaciones públicas que están resultando esenciales.
En España, el derecho a una vivienda digna y adecuada se ve especialmente cuestionado para determinados grupos migrantes y étnicos, que se ven discriminados y excluidos del mercado de vivienda.
La Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud y el derecho al trabajo. En tiempos de pandemia, ambos se encuentran enfrentados. ¿Qué hacer para compatibilizarlos?
Las previsiones deficitarias en las cuentas de las pensiones obligan a una reforma que asegure el cumplimiento del mandato constitucional: garantizar a los ciudadanos la suficiencia económica en su vejez.
Con el fin del estado de alarma, las comunidades autónomas carecen de cobertura constitucional y legal para limitar los derechos fundamentales y, así, este tipo de medidas han quedado sujetas a la autorización de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Si bien es cierto que en un Estado social prevalece el interés general, siempre lo ha de hacer de forma ponderada, eligiendo la opción menos gravosa para todos.
El proceso mediático contra el exmarido de Rocío Carrasco nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de garantizar en todo caso la presunción de inocencia y el respeto a las garantías constitucionales.
La ley de regulación de la eutanasia establece factores como los requisitos, los profesionales implicados y los plazos. Sin embargo, seguirán existiendo incertidumbres y críticas a su aplicación.
El Tribunal Constitucional de España avala las sanciones a las manifestaciones que se realicen frente a las sedes de los órganos legislativos. Argumenta para ello su valor institucional y la importancia de su normal funcionamiento.
La educación constitucional en las aulas es necesaria, aunque casi inexistente. Pocos centros educativos dedican tiempo a explicar la norma fundamental, con lo que el alumnado desconoce cuáles son sus derechos y deberes. Precisamente la mejor forma de defenderla es conocerla.
Asturias ha sido la primera comunidad en solicitar la imposición del confinamiento domiciliario, pero la actual norma no prevé esta medida y, por tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría acordarlo amparándose en el estado de alarma.
El toque de queda limitado a unas horas se plantea con el objetivo de impedir reuniones tras el cierre de lugares de ocio nocturno y para salvar la actividad económica y social propia de las fiestas navideñas.
La vigilancia a los trabajadores a través de la tecnología vulnera sus derechos. Por eso es obligatorio hacerles saber, y que autoricen, ese control. Solo puede ser secreto en circunstancias excepcionales.
Es muy probable que el término “alarma” se asocie en la sociedad a una mayor gravedad, y no a una precisa cobertura constitucional, que es lo que ocurre en este caso.
La capital de España y otras ocho ciudades de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en estado de alarma. El decreto del Gobierno aplica por esta vía las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la víspera. Desmenuzamos sus implicaciones.
La denegación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las restricciones de movilidad en diez municipios madrileños supone un jarro de agua fría a la estrategia del Gobierno central en la lucha contra la COVID-19.
Top contributors
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profesor de derecho constitucional del Departamento de Derecho Público, Universitat de les Illes Balears
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Catedrático de Derecho penal, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora de Ciencia Política, Universidad Miguel Hernández
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba
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Catedrático de Derecho Constitucional., Universidad de Oviedo
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén
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Profesor titular de Derecho financiero y tributario, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
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Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Loyola Andalucía
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Catedrático de Hacienda Pública, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora Sustituta Interina del Departamento de Derecho Público y Común Europeo, Universidad de Jaén
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Profesora Titular de Derecho Procesal, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Research associate professor en Instituto de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá
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Profesora Titular de Universidad (Derecho Constitucional), Universidad de Castilla-La Mancha
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PDI. Profesor Ayudante doctor Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Valladolid