En cuestión de horas, Estados Unidos ha pasado, de tener aranceles del 16 (los más elevados desde 1936) al 9%, tras la decisión del Tribunal Supremo, para nuevamente subirlos (hasta el 15%) durante 150 días basándose en una normativa distinta a la de abril de 2025.
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No está claro si aplicar un impuesto del 100% sobre la compra de inmuebles por extranjeros no residentes servirá para frenar la crisis de vivienda. Además, la medida podría ser inconstitucional e incompatible con el derecho europeo.
Si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anula las sentencias históricas que establecen el derecho constitucional al aborto, la lucha legal se trasladará a los tribunales estatales.
Para el uso de los fondos Next Generation en investigación va a resultar indispensable redefinir la composición de los equipos de trabajo e incorporar personal encargado del cumplimiento normativo.
La seguridad jurídica es fundamental en un Estado de derecho pero la estabilidad y la previsibilidad de las normas no excluyen que también se necesario, a veces, renovar el ordenamiento jurídico y adaptar las normas a las nuevas realidades.
Crece la demanda de viviendas en alquiler. ¿Debería intervenir el Estado, regulando los precios? En la arena compiten, por un lado, inversores y turistas, y por otro, familias en busca de un lugar en el que vivir.
Las previsiones deficitarias en las cuentas de las pensiones obligan a una reforma que asegure el cumplimiento del mandato constitucional: garantizar a los ciudadanos la suficiencia económica en su vejez.
Con el fin del estado de alarma, las comunidades autónomas carecen de cobertura constitucional y legal para limitar los derechos fundamentales y, así, este tipo de medidas han quedado sujetas a la autorización de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
¿Es el estado de alarma la mejor herramienta jurídica para contener la pandemia? ¿Se podrán seguir aplicando restricciones cuando termine? Diez expertos en derecho y ciencia política responden.
El estado de alarma se prorrogó el pasado miércoles en España por cuarta vez tras una aprobación con menor apoyo por parte del Congreso de los Diputados que en ocasiones anteriores. ¿Ha cambiado algo en esta cuarta prórroga? ¿Habrá una quinta? ¿Vulneran los derechos fundamentales esta continua renovación?
Las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno para proteger el empleo y las condiciones de los trabajadores no llegan a las empleadas de hogar y de cuidados, el colectivo laboral más vulnerable.
La Constitución Española de 1978 es una norma fundamental fruto de un amplio consenso que ha permitido varias décadas de convivencia en paz. Pero la sociedad ha evolucionado y la Carta Magna ha de evolucionar con ella sometiéndose a reforma.
Top contributors
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Profesora de Ciencia Política, Universidad Miguel Hernández
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
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profesor de derecho constitucional del Departamento de Derecho Público, Universitat de les Illes Balears
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Profesora de Constitución española, Universidad Nebrija
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Profesor de Derecho Constitucional. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universitat de València
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Profesora titular del departamento de Sociología Aplicada, directora del grupo de investigación GISMAT., Universidad Complutense de Madrid
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Profesora Contratada Doctora de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
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Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba
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Professor of American Civics, University of Tennessee
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Profesora Doctora Encargada de Derecho Constitucional, Universidad de Deusto
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Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Madrid
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Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid
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Rector de la Universidad de Oviedo. Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo
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Rector de la Universidad de Salamanca. Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Salamanca