Se da la curiosa paradoja de que los funcionarios públicos son vistos como un colectivo privilegiado, a pesar de que los servicios que prestan son buenos. Esta imagen no ayudar a estabilizar a los 800.000 interinos de la administración pública en España.
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En 2022 quedarán apenas 2 000 km de autopistas de peaje en España, el 11% de los 17 228 km de vías de gran capacidad. Aunque pasen a ser gratuitas para sus usuarios, el mantenimiento se costeará a través de los impuestos generales.
¿Cómo utilizaremos los fondos de la UE destinados a la recuperación de la economía? Lo inteligente sería destinarlos a impulsar la industria innovadora. Aprovechar ese inminente ‘boom’ tecnológico global en ciencias de la vida, un ámbito en el que la I+D española tiene un nivel respetable.
El control de la corrupción en España suele traducirse en dificultades para la investigación, la innovación organizativa e institucional, las empresas o el acceso de los ciudadanos a las prestaciones públicas.
¿Cuál es la mejor forma de gestionar los 140.000 millones de euros inyectados por la UE para hacer frente a los efectos económicos que la pandemia ha tenido en el tejido empresarial español?
El problema de la planta de aluminio de San Cibrao, en Lugo, no es que no sea rentable, sino que su rentabilidad está por debajo de la que otras plantas, en otras localizaciones, ofrecen a Alcoa.
La interseccionalidad sigue siendo una gran desconocida en las administraciones locales, a pesar de que son ellas quienes tienen la clave para acabar con esta forma de discriminación. El término fue propuesto en 1989 por la jurista afroamericana Kimberlé Crenshaw para describir el cruce de diferentes tipos de marginación.
Las empresas están al borde del colapso, los autónomos al límite de sus fuerzas y toda la esperanza que resta confía en los fondos europeos que invertirán las Administraciones públicas. Pero si estas partidas no se gestionan con celeridad, no habrá forma de reactivar la economía.
El Gobierno ha anunciado la suspensión de las reglas fiscales para los gobiernos locales y autonómicos. Sin objetivos de déficit, ni de deuda pública, ni regla de gasto, solo habrá “valores de referencia”.
España cuenta por primera vez con un marco normativo básico para garantizar el teletrabajo entre los empleados públicos.
La opción del teletrabajo, que ha crecido durante los confinamientos, se ha visto refrendada con la correspondiente legislación.
La participación ciudadana en los asuntos públicos se ha visto revitalizada en las ciudades que usan aplicaciones o webs de forma lúdica, como si fuera un juego “online”. Lo más importante de utilizar una estrategia gamificada es que los usuarios toman conciencia más eficazmente de todo lo que se puede conseguir por esta vía.
Los licenciados y graduados en Ciencias del Mar u oceanógrafos de formación no son biólogos marinos, sino profesionales con un perfil muy diferente del que se asocia con la imagen de Cousteau.
Al debatir los presupuestos del Estado, se deberá evaluar la eficiencia del gasto en protección social: al reducir las ayudas, bajaría el efecto positivo de los gastos en consumo de sus beneficiarios.
Hemos analizado el impacto y la función de las etiquetas más utilizadas en Twitter por administraciones y ciudadanos durante las primeras semanas de la crisis de COVID-19.
La crisis del coronavirus constituye un ejemplo de cómo las administraciones públicas pueden usar las redes sociales para informar, combatir las noticias falsas y colaborar con la ciudadanía.
La transparencia pasa por la denominada huella legislativa, un registro documental de las actividades informales de los grupos de interés en relación al procedimiento de elaboración de reglamentos y proyectos de ley.
Una mejora de la regulación de los caminos y un conocimiento más profundo de los derechos ciudadanos respecto a su uso podrían aumentar la importancia social de este tipo de vías.
La capital de España está entre las nueve ciudades europeas que adoptan un plan de acción para llevar a la práctica la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos.
Top contributors
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Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Salamanca
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Investigador, Área de Investigación en Servicios de Salud, FISABIO SALUD PÚBLICA, Fisabio
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Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat de Barcelona
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Associate Professor / Reader (accredited Full Professor and with tenure) / Profesor titular (Catedrático acreditado), Universidad Autónoma de Madrid
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Científica Titular, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC)
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Profesora e Investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada (CAP), Universidad Complutense de Madrid
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Rector de la Universidad de Salamanca. Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Salamanca
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Assistant Professor, Leiden University
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Profesora Titular de Comunicación, Universidad CEU San Pablo
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Profesor de Economía - Dpto Economía Aplicada. Actualmente: Visiting Research Fellow en Universidad de Patras (Grecia), Universidad de Granada
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Profesora e Investigadora de Estudios de Género, Rutgers University
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Professor, Universidad de Guadalajara
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Profesor Titular de Economía Aplicada, Universidad Pablo de Olavide
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Catedrática de Derecho Administrativo, Universidade de Santiago de Compostela
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Investigadora en Estudios de género y políticas públicas, Universidad Complutense de Madrid