Que una trabajadora embarazada en periodo de prueba publique en redes contenido promocional durante una incapacidad temporal puede plantear dudas respecto a cotizaciones, fiscalidad o al deber de buena fe contractual, pero la extinción del contrato solo será válida con una causa objetiva ajena al embarazo.
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En 1812, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que permitir la entrada de un buque de guerra extranjero implica que no quedará sujeto a las leyes americanas: se le reconoce inmunidad de jurisdicción.
El despido disciplinario debe notificarse por escrito y puede ser impugnado si el trabajador cree que es ilegal. Una sentencia del Supremo suma el derecho a presentar argumentos antes de que se produzca.
La normativa laboral española hace tiempo que ha dejado de estar condicionada solo por la Constitución o por las interpretaciones del Tribunal Supremo y mira cada vez más a Europa.
Tras el fallecimiento de Alejandro Nieto, el autor describe su relación con él y glosa su importante papel como iniciador de las reformas necesarias para llevar adelante una política científica moderna al inicio de la Transición.
La inteligencia artificial ha permitido determinar que, a partir de 2015, las cláusulas hipotecarias abusivas, las ocupaciones y los desahucios condicionaron la legislación sobre vivienda en España.
Un juez de Avilés ha resuelto de manera ejemplar sobre los diferentes intereses y valores en conflicto en un caso de vacunación de una menor de edad en contra del criterio de su padre.
España fija un nuevo techo (más bajo) de mil euros para los pagos en metálico. Las instituciones de la UE entienden que se deben aplicar medidas menos restrictivas para los ciudadanos.
Tras el teletrabajo urgente surgido de la pandemia, se debe fijar la forma de teletrabajo que quieren (y necesitan) empresas y trabajadores, y qué aspectos debe abordar una futura Ley del Teletrabajo.
La Corte Suprema de los Países Bajos ha emitido una sentencia que obliga al estado a tomar medidas para proteger los derechos humanos cuando se trata de peligros ambientales.
Según el autor, la sentencia
establece un límite, fija un precedente y protege el sistema constitucional español. pero no afecta a los derechos fundamentales como libertad de opinión, manifestación, expresión o manifestación.
Top contributors
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Profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Ciencias Sociales de Manresa, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
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Profesor ICREA, Universitat Rovira i Virgili
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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén
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Profesor Colaborador (Derecho y Ciencias Políticas. Derecho del Trabajo y Seguridad Social), UOC - Universitat Oberta de Catalunya
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Presidente del Comité de Bioética de España. Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (ICADE), Universidad Pontificia Comillas
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PhD Candidate, Universitat Rovira i Virgili
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Profesor de Derecho Público y Ambiental, Universidade da Coruña
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Derecho civil, Derecho de la vivienda, Universitat Rovira i Virgili
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Profesor vinculado "ad honorem". Grupo de investigación 'Ciencia, Vida y Sociedad'. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)
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Catedrática Ingeniería Química, Universitat Rovira i Virgili
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Profesora de Derecho internacional privado, Universidad Camilo José Cela
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Director del Grado en Criminología y Ciencias forenses, doctor en Derecho y abogado en ejercicio, Universidad Nebrija
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Profesor e Investigador de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universitat Jaume I