Los sistemas necesitan incorporar mecanismos que adapten las pensiones a la variabilidad de las realidades económicas y demográficas y compensen a quienes salen peor parados.
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El acuerdo alcanzado por el gobierno y los agentes sociales en torno a la reforma de las pensiones busca fomentar que los trabajadores alarguen su vida laboral. Esto supondría un alivio al sistema pues cobrarían la pensión más tarde.
Estudios recientes muestran que hay más relación que la que los economistas han asumido tradicionalmente entre la prolongación de la vida laboral de los trabajadores adultos próximos al retiro y las oportunidades profesionales de los jóvenes.
En plena crisis de la reforma de las pensiones, el constante debilitamiento de las instituciones y de los órganos de mediación plantea interrogantes sobre el ejercicio del poder de Emmanuel Macron.
La reforma de las pensiones recién aprobada por el Gobierno español busca, sobre todo, asegurar y mejorar los ingresos del sistema.
Si en 2021 patronal, sindicatos y Gobierno, estuvieron de acuerdo con la revalorización de las pensiones y la prolongación de la vida laboral (entre otros), en 2023 los empresarios rechazan el alza de las cotizaciones para el sostenimiento en el tiempo del sistema de pensiones español.
En 2021 subieron la electricidad y el gas, fallaron las cadenas logísticas, los niveles de deuda rebasaron todo límite, repuntó la inflación. Habrá que ver si se trata de un reacomodo tras el desajuste provocado por el confinamiento o si se trata de una cambio estructural en el modelo económico.
Con el acuerdo para aumentar las cotizaciones los trabajadores cobrarán menos, los empresarios pagarán más y Hacienda obtendrá menos ingresos por IRPF. Sin embargo, esta medida es un claro triunfo del interés colectivo.
A los trabajadores se les prepara poco o nada para afrontar el cambio radical para sus vidas que supone la jubilación tras décadas de trabajo.
Las previsiones deficitarias en las cuentas de las pensiones obligan a una reforma que asegure el cumplimiento del mandato constitucional: garantizar a los ciudadanos la suficiencia económica en su vejez.
Uno de los problemas a solventar por el estado de bienestar español es que mientras decrece la población en edad de trabajar, sube la esperanza de vida de la población. ¿Quién y cómo pagará las pensiones en el futuro?
Gobierno, patronal y sindicatos recuperan el diálogo social para la reforma de las pensiones, pendiente desde hace una década.
El informe de la Comisión del Pacto de Toledo propone un plan de saneamiento que saque de la Seguridad Social una serie de gastos que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales.
Las pensiones de jubilación y las de viudedad son una buena herramienta para observar la desigualdad de género en el sistema de pensiones en España.
El presidente Putin inicia su tercera década al frente de Rusia con una notable pérdida de popularidad y un PIB en descenso, pero todavía no parece dispuesto a tirar la toalla.
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Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Aplicada, Universitat de Barcelona
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Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid
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Profesora de Economía Internacional (ICADE), Universidad Pontificia Comillas
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Profesora Agregada en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC - Universitat Oberta de Catalunya, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
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Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III
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Profesor de Economía, IESE Business School (Universidad de Navarra)
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Catedrático de Economía, Universidad de Salamanca
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Professor of Managerial Economics, IE University
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Profesor de Dirección Financiera e Inversiones, Universidad de Navarra
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Associate Professor, Universidad de Granada
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Sociologue, membre Centre d'analyse et d'intervention sociologiques (CADIS, EHSS-CNRS), Auteurs historiques The Conversation France