Desde un punto de vista legal, ¿cuál es la capacidad coercitiva del Gobierno de España en el conflicto que mantiene con el de la Comunidad de Madrid?
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¿Pueden convivir simultáneamente dos estados de alarma? ¿Uno decretado por el Gobierno central y otro por las comunidades autónomas? ¿Qué es lo que dice al respecto la normativa legal?
A pesar del aumento de los contagios, el autor no cree que las comunidades autónomas vayan a establecer medidas excepcionales, como el estado de alarma de la pasada primavera, para hacer frente a la crisis sanitaria.
¿Cuál debe ser la respuesta legal cuando el ejercicio del derecho de reunión puede estar poniendo en riesgo los logros alcanzados en materia de salud pública gracias a la declaración del estado de alarma?
El estado de alarma ha generado un amplio debate entre los expertos constitucionalistas en España, algunos de los cuales señalan, al contrario que el autor de este artículo, que los derechos ciudadanos han quedado suspendidos. ¿Cómo han gestionado esta situación excepcional países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, que también han padecido los embates de la pandemia?
El estado de alarma se prorrogó el pasado miércoles en España por cuarta vez tras una aprobación con menor apoyo por parte del Congreso de los Diputados que en ocasiones anteriores. ¿Ha cambiado algo en esta cuarta prórroga? ¿Habrá una quinta? ¿Vulneran los derechos fundamentales esta continua renovación?
Esta pandemia no solo pone en riesgo la salud del cuerpo humano, sino también la del cuerpo político y social democrático.
El autor insta a la ciudadanía a no bajar la guardia para que las medidas decretadas por el Gobierno para un periodo limitado al fin de la emergencia sanitaria no se traduzcan en una merma de derechos básicos y sociales.
Acaso a la falta de cultura política se una el intento de colar por la puerta de atrás una versión partidista o deficitaria de la democracia. No existe un único modelo, y los procesos y contextos en los que se proyecta la democracia son diversos, si bien las Constituciones occidentales poseen principios comunes.
El desenlace en lo que va de siglo es desalentador. Ahora no existe una lucha por formar parte de esto; incluso uno de los motores, Reino Unido, lleva años queriendo dejar el proyecto, pero se presenta a las elecciones europeas.
Una juez obligó el pasado abril a una mujer que quería parir en su casa a ingresar en el hospital autonómico de Asturias. A partir de este caso, que ha generado controversia social, el autor analiza las implicaciones jurídicas de la pretensión de algunas mujeres de dar a luz en su domicilio.
Los jóvenes no pueden emanciparse y algunas familias sufren desahucios, pero esa es la cara televisiva del problema. El derecho a la vivienda sigue sin tratarse como un derecho fundamental en España.
De los siete ponentes a los que se encargó la redacción de la Constitución, ninguno era mujer. Esto no sería un problema en sí mismo si los órganos de poder actuales fueran reflejo de la población española tan rica y diversa.
Los ciudadanos cumplimos con las leyes pero la otra parte no ha cumplido bien sus obligaciones. Nuestro catálogo de derechos y nuestro sistema de garantías están obsoletos y no responden a la demanda social.
A pesar de su juventud, la Carta Magna tiene problemas de salud. La reforma del sistema autonómico es una prioridad y es el mayor riesgo, a corto plazo, para la pervivencia del sistema democrático.
La de 1978 es la segunda constitución más longeva de la historia de España, sólo superada por la de 1876. No sólo merece un reconocimiento por haber propiciado un tiempo de solidez institucional en paz. Su contenido es valioso y digno de defensa.
Durante mucho tiempo, los derechos fundamentales no han tenido en cuenta al 50% de la población. Poco a poco se van dando cambios, pero aún queda trabajo por hacer.
No hay en el CEDH ni en la Constitución española un derecho a sentirse ofendido en las propias convicciones, sean políticas, filosóficas o religiosas. Uno y otro texto jurídico adoptan como premisas el pluralismo y la libertad.
Top contributors
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Catedrático de Derecho Constitucional., Universidad de Oviedo
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
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Coordinador académico y profesor del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución de la Facultad de Estudios jurídicos, políticos e internacionales, Universidad de La Sabana
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba
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Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora de Ciencia Política, Universidad Miguel Hernández
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Rector de la Universidad de Oviedo. Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo
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Rectora, Universidad Villanueva
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Profesor Titular de Filología Románica, Universidad de Alcalá
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Madrid
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Profesora Doctora Encargada de Derecho Constitucional, Universidad de Deusto
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Associate Professor of Law, University of Limerick
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Catedrático de Derecho administrativo, Universidad de Córdoba
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Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Pablo de Olavide
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Professor of Law, IE University