Cada vez más, la tecnología permite interferir y registrar la actividad de nuestro cerebro, lo que apremia a legislar para protegerlo frente a las potenciales intromisiones.
- Profesor Adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Existe un debate abierto sobre la posible vacunación obligatoria en profesionales sanitarios. ¿Aplicar una medida coercitiva como esta es legal? ¿Y ético? ¿Qué alternativas se barajan?
Si, como se ha llegado a sugerir, lo que subyace al consentimiento informado escrito puede estar relacionado con el abastecimiento de Vaxzevria, debe esperarse que haya transparencia por parte de los gobernantes.
Si una persona está incapacitada para decidir si quiere vacunarse contra la covid-19, ¿quién debe decidir por ella? La decisión deberá atender al mayor beneficio para la vida o salud del paciente.
Disponemos de las herramientas legales para imponer el uso de estos fármacos de una u otra forma. Pero la vía más ética para conseguir su éxito es a través de la confianza de la población.
Un uso apropiado del lenguaje puede ayudar a no alimentar la incertidumbre social provocada por la pandemia y evitar la desinformación y las noticias falsas.
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