La crisis de vivienda exige proteger a inquilinos vulnerables, como Maricarmen, pero también dar garantías a pequeños propietarios, aumentar la vivienda pública y una mayor responsabilidad estatal.
- Profesora Titular de Universidad de Economía Financiera y Contabilidad. Instituto Tides., Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
En el planeamiento urbanístico se prevén los usos que podrán tener los terrenos y, por tanto, condiciona cómo crecerán las ciudades.
Un reciente estudio propone un incentivo fiscal para que las comunidades de propietarios instalen infraestructuras verdes, recompensando así a quienes contribuyen a un entorno urbano más saludable.
Aunque la normativa urbanística actual busca garantizar la viabilidad económica y ambiental de los proyectos, la realidad sigue siendo muy distinta.
Diseñar ciudades sostenibles y amigables para sus habitantes es un reto al que la participación ciudadana tiene mucho que aportar. Las cooperativas digitales urbanas podrían ser una forma de conseguirlo.
En España, el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible es un desafío recurrente para las personas vulnerables. Y las políticas públicas no han sabido resolver este problema.
Los edificios consumen alrededor del 40% de la energía mundial. Sin embargo, su adaptación a la normativa de eficiencia energética puede resultar engorrosa por todos los trámites que conlleva. La solución podría estar en las cooperativas de vivienda.
Colaboración ciudadana y energías sostenibles son dos ingredientes habituales de las comunidades energéticas, una apuesta clave en Europa para luchar contra el cambio climático.
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