Los refugiados ucranianos merecen nuestra solidaridad y acogida: es también una oportunidad para mejorar toda la política de inmigración y acogida de la UE.
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Dentro de las estrategias de rechazo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, desde donaciones a una enorme visibilidad en redes sociales y diferentes plataformas comunicativas, ha tomado un papel relevante y novedoso la industria del videojuego.
La UE adoptó la decisión de dar protección temporal a los ucranianos unos días después de empezar el conflicto. Era la primera vez que se adoptaba esta medida, que se concibió tras la guerra en la antigua Yugoslavia. Pero no lo olvidemos: en principio, la protección es solo por un año.
La afluencia de refugiados ucranianos está movilizando la solidaridad de las sociedades europeas como pocas otras causas en los últimos años. Esta respuesta debería consolidarse en el futuro ante otras situaciones no tan diferentes.
La Comisión Europea ha propuesto activar la Directiva de Protección Temporal, aprobada en 2001 pero nunca aplicada, que obliga a los Estados miembros a acoger y ofrecer ayuda a los que huyen de terceros países, y promueve un reparto solidario del esfuerzo que eso supone.
Oumar es un chico argelino que llegó en patera a las costas de Almería porque sufre una enfermedad grave y en su país no tiene acceso a un tratamiento.
Es posible vivir en aeropuertos porque ofrecen muchas comodidades básicas necesarias: comida, agua, baños y refugio. Pero no todos los que se encuentran durmiendo en una terminal quieren estar allí.
La externalización de la frontera cuestiona la garantía de los derechos humanos y la protección de los migrantes, además de la seguridad de la UE.
Las personas refugiadas suelen estar excluidas socialmente. Además, de verse obligadas a huir de su país, tienen que conseguir que el de acogida los integre. En 2020 se formalizaron 88 762 solicitudes en España.
Según la ONU, a finales de este siglo la población mundial será de unos 11 000 millones de personas. A este reto hay que sumar la proliferación de megaciudades, el envejecimiento y los movimientos migratorios.
Se estima que los desastres naturales provocaron en 2019 unos 24,9 millones de desplazamientos en 140 países. La cifra sigue aumentando: la crisis climática y las migraciones no se detienen por la covid-19.
Usar la seguridad y la necesidad de gestión ordenada como justificaciones para dejar morir a miles de personas en el mar, o pagar a Turquía por quedarse con refugiados, muestra un compromiso ambivalente con los derechos humanos.
Pese al paro, la crisis y las dificultades, los inmigrantes se han quedado en España, apostando firmemente por continuar y sacar adelante sus proyectos de asentamiento.
Tras el incendio del campo de refugiados de Moria, Europa ha de trabajar unida, con respuestas comunes y solidarias, con un modelo de integración y arraigo, y respetando el derecho universal de las personas que solicitan asilo.
Diversos programas internacionales tratan de compaginar la conservación de la naturaleza y la seguridad alimentaria en los asentamientos de Bazar de Cox. La pandemia de COVID-19 los ha paralizado.
En sus 15 años de gobierno, Angela Merkel ha mantenido una visión rígida y austera de la economía. A punto de dejar el cargo, se muestra partidaria de las ayudas a los países europeos más afectados por la COVID-19.
Los colectivos más vulnerables encaran la emergencia sanitaria y la crisis económica en una situación de absoluta precariedad. Los poderes públicos deben velar por su protección.
La Unión Europea y sus estados miembros no deberían renunciar a los valores del Tratado de la UE, que sitúa la dignidad humana, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos como valores irrenunciables.
El informe ‘Colectivos vulnerables en el sistema de asilo’ en España señala la infancia, las personas LGTBI+ y las víctimas de trata como los grupos más necesitados de protección.
El gran pensador alemán sostiene que para que las personas puedan encontrar un lugar seguro donde desarrollar su proyecto de vida existe la cobertura jurídica y política, pero sobre todo hay buenas razones morales.
Top contributors
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Profesor e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM), Universidad Pontificia Comillas
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Doctora en Psicología, Universidad San Jorge
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Profesor de Investigación. Grupo "Filosofía Social y Política" (FISOPOL). Jefe del Departamento de Filosofía Teórica y Práctica, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)
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Profesora de Relaciones Internacionales, Universidad Nebrija
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Investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontificia Comillas
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Profesor de Enfermería, Universidad de Granada
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Henry J. Leir Chair in Global Migration, Fletcher School of Law & Diplomacy, Tufts University
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Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid
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Richard von Weizsäcker Fellow na Bosch Academy e Co-fundador, Instituto Igarapé; Princeton University
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Doctoranda en Estudios Árabes e Islámicos, Universidad Autónoma de Madrid
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profesora de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Derecho de la Unión Europea, Universidad Pontificia Comillas
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Professor of History, University of Dayton
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Profesora Agregada. Departamento de Sociología. Facultad de Economía y Empresa, Universitat de Barcelona
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Profesora Ayudante Doctor de Derecho Romano, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Professor of Management and Organization, University of Southern California